Declaración de SEPLA sobre la condena de Lula

La Directiva de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina (SEPLA) rechaza la criminalización y la aceleración forzada de los trámites en el juicio de Lula, que se configura como una acción más en el proceso de la reacción conservadora neoliberal que se viene repitiendo a lo largo de América Latina.
El pasado 24 de enero fue cumplida la segunda etapa del proceso de juzgado de una de las siete acciones em que el ex presidente es imputado. Lula fue condenado, con ampliación de la sentencia dada en primera instancia. Había sido condenado en 2017 por la denuncia de apropiación indebida de un apartamento en la ciudad de Guarujá, sin documentación comprobatoria de que tal apropiación realmente ocurrió y como parte de la “Operação Lava Jato”, llevada a cabo en un esfuerzo conjunto del Poder Judicial, de la Policía Federal y de los conglomerados de medios de comunicación en Brasil. La “Lava Jato”, que comenzó con la investigación respecto a desviaciones de recursos públicos ocurridas en Petrobras, ha tenido repercusiones en varios países de América Latina y sigue constituyendo en Brasil una pieza importante en el desarrollo del golpe de Estado.
El juicio actual fue del amparo presentado por los abogados de Lula en contra de la condena anterior en primera instancia, sobre la que la SEPLA se manifestó. A pesar de que haya sido el último juzgado de un grupo de acusados en esa operación, el rito del proceso se aceleró, en un país donde muchos políticos hicieron sus carreras con demandas en la justicia y con evidencias muy fuertes de apropiación de recursos públicos.

Tres casos son emblemáticos: el caso del diputado Paulo Maluf (86 años), ex gobernador y ex alcalde de Sao Paulo, que tuvo una vida pública recurrentemente sospechada y que sólo el año pasado fue detenido. Paulo Maluf fue alcalde de Sao Paulo entre 1969 y 1971 y entre 1993 y 1997, y gobernador del estado de Sao Paulo entre 1979 y 1982. Siguió en la vida parlamentaria como diputado en los periodos 1983-1987 y 2007-2018 sin haber perdido automáticamente el mandato después de la detención. También es de mención el caso del senador José Serra, ex gobernador de Sao Paulo (2007-2010) y ex alcalde de Sao Paulo (2006-2007), Presidente nacional del PSDB entre 2003 y 2005, Ministro de Planificación (1995-1996) y de Salud (1998-2002) en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y Canciller del gobierno golpista de Temer hasta febrero de 2017. Como senador, es autor de algunas de las leyes de contrarreforma más profundas. Después de ser acusado en virtud de la operación del frigorífico J&S, tuvo su demanda archivada por la Oficina del Fiscal General sobre la base de que el delito prescribió. Debe tenerse en cuenta también el escandaloso caso del senador Aécio Neves, ex gobernador de Minas Gerais (2003-2010) y oponente de Dilma Rousseff en las últimas elecciones para Presidente de la República, que tuvieron lugar en 2015. Aécio, quien se desempeñó como presidente del PSDB entre 2013 y 2017, fue registrado en grabación telefónica solicitando sobornos a uno de los propietarios de la empresa JBS. Tuvo suspendido su mandato pero, por decisión del Tribunal Supremo, fue rehabilitado por el Congreso. Mantiene una intensa actividad parlamentaria.
La Directiva de SEPLA entiende que estos elementos – y muchos otros similares que podrían describirse – corroboran su posición de 2016, ante la destitución del mandato de la presidenta Dilma Rousseff, de que se trata de una situación política extremadamente adversa al campo de las fuerzas sociales progresistas, situada en un contexto en el que los gobiernos de base popular en la región están siendo expulsados del poder y los derechos de los trabajadores son atacados por la modificación aguda de los marcos reguladores nacionales. La situación brasileña es dramática por la escandalosa falta de compromiso social del Gobierno Temer, cuyos interlocutores quedaron evidentes a nivel internacional en la última reunión de Davos. Hubo enormes esfuerzos del Gobierno de “vender Brasil”, demostrando que las oportunidades de negocio son únicas y serán cada vez más abiertas.
Por otra parte, la Junta Directiva de SEPLA entiende que la condena de Lula fue posible debido a las desviaciones de su gobierno y programa. Si no hay pruebas de que el ex presidente recibió personalmente ventajas indebidas, hay una gran cantidad de pruebas y condenas relacionadas a Petrobras que nos permiten afirmar desviaciones para los partidos políticos de la base de apoyo de los gobiernos de Lula y Dilma. Independientemente de cualquier crítica moral, que puede y debe hacerse, la cuestión es que estos gobiernos se dieron cuenta de las políticas de conciliación de clases y apropiación de recursos que debilitaron la base política de los partidos de izquierda. Hubo la adopción de gran cantidad de prácticas delictivas como forma de financiar las campañas electorales y considerables alianzas con sectores burgueses a costa de la clase trabajadora. Esta parece haber sido la circunstancia perfecta, en la coyuntura, para justificar la profundización del giro en la política social ocurrido en los últimos meses, destacándose el cambio y la destrucción de la legislación laboral brasileña.
La Directiva de SEPLA, al tiempo en que rechaza las disparidades injustas de los ritos de la corte en Brasil, que criminalizan a los líderes políticos de izquierda, sostiene que se trata de una coyuntura de radicalización de las opciones políticas. Ya no es posible intentar una conciliación de clases, cuando hay una clara hegemonía de medidas a favor de la privatización de los bienes y servicios públicos y de apertura de la economía a los intereses imperialistas. .

Nuestra América, 2 de febrero del 2018
Junta Directiva

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