A un poco más de un año de la firma del acuerdo de paz (Noviembre de 2016) entre el gobierno Juan Manuel Santos y la insurgencia de las FARC-EP el balance de la implementación es bastante desalentador. Desde diversos sectores sociales se ha advertido sobre los riesgos que esto encarna para la estabilidad de un proceso de construcción de paz.

En efecto, el incumplimiento por parte del Estado Colombiano en el desarrollo de cada uno de los puntos que compone el acuerdo, especialmente el referido a las garantías de la reincorporación, y su reticencia a generar condiciones de estabilidad jurídica y financiera al nuevo Partido, han advertido sobre lo que desde diversas voces se ha venido caracterizado como la configuración de un acto de perfidia.

Pese a esta situación, la militancia de la nueva Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ha manifestado en diferentes escenarios y a través de múltiples acciones su compromiso con el cumplimiento de lo Acordado. Así lo ha reconocido la comunidad internacional y diversos actores acompañantes del proceso.

En los meses recientes, la FARC ha manifestado su profunda preocupación por la estabilidad del acuerdo, el compromiso real del Estado y las garantías políticas y jurídicas para que su partido pueda participar en el escenario político-legal. Ahora bien, los hechos del pasado 9 de Abril en los que la Fiscalía General de la Nación realiza la captura de uno los representantes más importantes de esta nueva fuerza política, el electo representante a la Cámara: Jesús Santrich, han puesto en el punto más álgido la sostenibilidad de lo acordado.

La captura de Jesús Santrich es del mayor signficado político y simbólico sobre los riesgos que acompañan al proceso. El compromiso del estado colombiano con los intereses imperialistas de los EEUU ha conducido a respaldar un eventual proceso de extradición, respaldado en acusaciones sin un material probatorio efectivo. Situación que conduce a un claro desconocimiento del acuerdo; y abre el escenario para la desinstitucionalizacion de la Jurisdiccion especial para la paz, procedimiento jurídico que es el corazón de lo acordado.

Este hecho ha sido recibido con mucha preocupación y desasoeigo por los miembros de FARC asentados en los espacios territoriales de reincoporación, por toda la militancia de FARC y por el conjunto del movimiento social y popular colombiano. Diversos sectores de la comunidad internacional también han manifestado su preocupación y han alertado sobre las implicaciones que esto tiene para darle estabilidad a un proceso en su fase temprana de implementación.

Por las razones expuestas y otras señaladas en diferente espacios, la SEPLA manifiesta su solidaridad con el pueblo colombiano, la FARC y el conjunto de actores sociales y políticos comprometidos con la paz. Lo que acontece con el proceso colombiano se inscribe en esta tendencia reaccionaria que se ha tomado a Nuestra América y que pretende desinstitucionalizar los débiles escenarios legales democráticos; y fortalecer el carácter contrainsurgente de estos Estados y la criminalización de la rebelión social.

Nuestra América, 13 de abril del 2018

Versión en PDF de la declaración

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