Declaración del Encuentro Internacional “La experiencia de los Gobiernos Progresistas en Debate. Vigencia de la contradicción entre capital y trabajo” , que contó con la firma de la SEPLA:

Declaración de Montevideo

A partir de la década de 1990, fuerzas políticas de izquierda y progresistas ocupan, de manera estable y prolongada, espacios en los poderes e instituciones del Estado, incluido el ejercicio del Poder Ejecutivo en un significativo número de países de América Latina. La importancia de este hecho se multiplica debido a que esos espacios fueron conquistados a contracorriente de la imposición de Estados neoliberales y del grave daño inflingido a todo pensamiento emancipador por el llamado socialismo real y su ignominioso derrumbe. Ello fue posible gracias al acumulado histórico de las luchas populares, el rechazo generalizado a la violencia reaccionaria históricamente ejercida como método de dominación, la gran organización, movilización y lucha social y política desplegada contra el neoliberalismo, y el voto de castigo de amplios sectores sociales contra los gobiernos neoliberales.

El cambio en el mapa político latinoamericano y caribeño creó las condiciones para el inicio de la solución de problemas de larga data, como la derrota de la política y bloqueo y aislamiento contra la Revolución Cubana, incluido el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y la apertura de una posibilidad real de solución política negociada del conflicto armado colombiano, que está a punto de concretarse en la firma de un Acuerdo de Paz con las FARC-EP y que debe concluir con un acuerdo similar con el ELN.

En los países donde la institucionalidad neoliberal colapsó, en Venezuela, Bolivia y Ecuador, al acceder al gobierno las fuerzas populares implementaron profundos cambios en lo político, lo ideológico y en la apropiación, uso y distribución de la renta originada en el petróleo, el gas y la minería. Los cambios institucionales apuntaron al fortalecimiento de la soberanía popular donde, en medio de tensiones y contradicciones, se plasmaron en la elaboración de nuevas Constituciones.

En los países donde antiguos movimientos insurgentes lograron transformar su acumulado político‑militar en acumulado político‑electoral, en Nicaragua y el Salvador, esas fuerzas ejercen hoy el gobierno con programas orientados a detener y revertir la reestructuración neoliberal desarrollada por los gobiernos de derecha que les precedieron, y sustituirlos por programas de asistencia y desarrollo económico y social, en la medida en que la correlación de fuerzas en cada uno de ellos lo permiten.

Y en el Cono Sur, en Brasil, Argentina y Uruguay, coaliciones políticas que abarcan un amplio el espectro de fuerzas progresistas y de izquierda, por lo general en alianza con fuerzas sistémicas o tradicionales, accedieron al gobierno. Esos gobiernos progresistas optaron por variadas formas de institucionalidad capitalista para enfrentar la crisis: llegaron al gobierno vaciando su discurso político de los objetivos estratégicos de la izquierda, asumieron las reformas del Banco Mundial como si fueran un programa superador del neoliberalismo y pretendieron atenuar los males del capitalismo sin enfrentarlo como sistema. En estos países los cambios son fuertes en el plano político-electoral, mínimos o nulos en lo ideológico, y en lo económico e institucional profundizan el capitalismo.

Todos los gobiernos latinoamericanos de izquierda y progresistas generaron expectativas populares que han sido parcialmente satisfechas, en mayor o menor medida, en dependencia de las condiciones y características, y de la correlación de fuerzas existente en cada país. Pero si bien estos espacios político‑institucionales fueron conquistados a contracorriente del neoliberalismo y de la ofensiva ideológico‑cultural reaccionaria derivada del fin de la bipolaridad, también están acotados y signados por sus secuelas. Y la inflexión de la coyuntura internacional, provocada por la agudización de la crisis sistémica del capitalismo y la economía mundial, revela los límites estructurales y funcionales de la democracia realmente existente, es decir, de la democracia burguesa, como sistema político dentro del cual realizar las reformas y transformaciones que necesitan los pueblos de la región.

Los límites estructurales y funcionales de la democracia realmente existente y los errores, deficiencias e insuficiencias de las propias fuerzas de izquierda y progresistas, son aprovechados por el imperialismo y las oligarquías criollas para recuperar el monopolio de los poderes del Estado que históricamente ejercieron. Para ello recurren a la guerra mediática, las campañas de desestabilización, la judicialización de la política, los llamados golpes de Estado de nuevo tipo y otros métodos similares. El resultado es que los pueblos latinoamericanos quedan expuestos a ataques contra los derechos de los trabajadores y contra la soberanía nacional.

El nuevo momento histórico incentivó una peligrosa ofensiva de los sectores más reaccionarios y autoritarios de la derecha: en Venezuela, se recurre tanto a la violencia paramilitar como a la guerra económica; en Bolivia, se fabricó un conjunto de calumnias para descarrilar el referendo constitucional convocado para habilitar una nueva reelección del presidente Evo Morales y en Brasil, se aprovechó la debilidad del gobierno de Dilma para impulsar un golpe institucional. En todos los casos los medios de comunicación masivos desarrollan una campaña permanente contra estos gobiernos.

Esas agresiones se ven favorecidas por el empeoramiento de la situación económica mundial, que provoca la caída de la demanda de materias primas, en volumen y precios, la recuperación del valor relativo del dólar, con las consiguientes devaluaciones de las monedas nacionales, el aumento de los intereses de la deuda externa y el retraimiento de la entrada de capitales.

En ese contexto, se hace muy difícil mantener, tanto los ingresos reales de trabajadores, y pasivos, como las políticas asistenciales para los sectores más desprotegidos, que reciben ingresos monetarios que modifican los resultados estadísticos pero no sus condiciones esenciales de vida. Todo ello exacerba las contradicciones objetivas entre las clases dominantes y dominadas, y desestabiliza a los gobiernos que necesitaban esos recursos para financiar sus políticas de conciliación de clases.

Estas situaciones, como en el caso uruguayo, provocaron que el gobierno, que tuvo la alternativa de enfrentar al capital obligándolo a pagar mayores impuestos, lo cual hubiera preservado el nivel de vida de los trabajadores y pasivos, por el contrario resolvió aplicar el ajuste sobre la clase trabajadora para no afectar el beneficio de los capitalistas. Aquí es fundamental destacar que las conquistas sociales alcanzadas por los trabajadores y el campo popular en la última década, tanto los derechos como los ingresos, son reversibles, mientras que los privilegios que recibidos por los capitalistas están protegidos por leyes y “blindados” por cambios constitucionales y tratados internacionales.

Los últimos resultados electorales en Argentina, Venezuela y Bolivia son un muy duro traspié para las fuerzas progresistas. Al igual que lo es la desestabilización en Brasil, la cual se ve agravada por el proceso de juicio político contra la Presidenta.

En cualquier caso, la ofensiva del capital y las agresiones imperialistas han sido facilitadas, en mayor o menor medida, por problemas internos, tales como el burocratismo, la corrupción, la lucha por el poder y, fundamentalmente, por la debilidad ideológica y organizativa. Tampoco se ha logrado la transformación de la base productiva ni revertir la primarización, la extranjerización y la vulnerabilidad de nuestras economías.

Para evitar la trampa de soluciones encuadradas en el marco de la ofensiva del capital, soluciones que se reducen a la discusión sobre el ritmo y la intensidad del ajuste neoliberal, es fundamental que las organizaciones clasistas y del campo popular tengan absoluta independencia en relación a la burguesía y al Estado. Sin eso no hay como rescatar el debate sobre la urgencia histórica de la revolución social como única forma de detener la barbarie capitalista. Esto coloca en el orden del día la necesidad de buscar nuevos caminos para impulsar la lucha los trabajadores contra la explotación del capital. Por lo cual, observamos los límites infranqueables de las fórmulas político‑institucionales y los modelos de gestión macroeconómica del progresismo, no así del impulso emancipador popular desatado desde finales del siglo pasado.

El enfrentamiento a la ofensiva del capital ha logrado triunfos importantes, tales como los procesos derivados de la confluencia de la movilización popular, entre los que resalta la Cumbre de los Pueblos No al ALCA, que cumplió sus objetivos. La lucha organizada debe ser el camino a seguir, y movilizaciones como esta demostraron que ello es posible.

Esto contrasta claramente con la agenda que en el presente llevan adelante algunos de los gobiernos de la región que, cada vez más insertos en el capitalismo, promueven los acuerdos y tratados de libre comercio con la Unión Europea, la Alianza del Pacífico, el TTTP, el TISA y otros que estimulan un programa que no es el de la clase trabajadora y el campo popular.

La tarea fundamental inmediata es la lucha contra el ajuste capitalista que traslada los costos de la crisis a los trabajadores: es bloquear la ofensiva del capital, y derrotar el ajuste fiscal y los acuerdos espurios de libre comercio.

La construcción de una sociedad de contenido distinta, una sociedad sin explotados y explotadores, objetivo final de nuestra clase, continúa más vigente que nunca.

Organizaciones firmantes:

Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE)

Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE)

Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA)

Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR)

Instituto sobre Estado y Participación y Asociación de Trabajadores Estatales de Argentina (IDEP ATE)

Sociedad de Economía Política de Brasil (SEP)

SURGENTES (Colectivo de Derechos Humanos de Venezuela)

Elaboraron el documento:

Atilio Boron, Julio Fuentes, Horacio Fernández y Julio Gambina (Argentina); Marcelo Carcanholo y Plinio Arruda Sampaio (Brasil); Roberto Regalado (Cuba/El Salvador); Antonio González Plessman (Venezuela); Antonio Elías Aidemar González, Joselo López, Martín Pereira, Leonel Revelese (Uruguay).

 

Carta publicada, entre otros lugares, en: CLATE.org

(traducción pendiente)

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