Acerca del Golpe en Brasil
El golpe de Estado en curso en Brasil se configura como parte de la ofensiva burguesa contra la clase obrera. Este es su sentido histórico general. La ofensiva se lleva a cabo de forma igual e intensa en el escenario latinoamericano y mundial, aprovechandose la burguesía de circunstancias desfavorables al proceso de acumulación de capital resultante de la crisis estructural para derrocar a los logros históricos de los trabajadores.
En este marco, figura con destaque el intitulado “ajuste fiscal”, anunciado por el Gobierno Temer, contando con el resonar de los medios de comunicación hegemónicos. No se trata de un simple “ajuste” de dirección, por supuesto, pero una contrarreforma de carácter estructural dentro de aquella ofensiva – una vez se refiere a un cambio angular en la Constitución de 1988 – , por el cual los derechos de los trabajadores brasileños son aguda y frontalmente atacados, al reducir drásticamente, e, incluso, al criminalizar el gasto público. En el seno del “ajuste”, se encaminan varias propuestas que están dirigidas a beneficiar y facilitar procesos de privatización – venta de activos y concesiones – y a contener, en un amplio horizonte de veinte años, los ingresos de los trabajadores, ya sea por limitación directa del salario mínimo, o por medios indirectos de volver inviables correcciones de ingresos reales. La sobreexplotación de la fuerza de trabajo y la apertura al capital internacional son ampliadas; los beneficios en general son incrementados; y se profundiza la lucha por la apropiación de valor a través de la explotación de los recursos naturales a través de la privatización llevada a cabo por medio de cambios en los marcos regulatorios.
Es cierto que tal contrarreforma ya estaba en marcha en el gobierno depuesto, anclado en una diversa coalición de los partidos políticos, incluyendo la presencia de algunos de los mismos personajes, como el presente ministro de hacienda, Henrique Meirelles. Las evidencias son las propuestas de reforma de pensiones y compromisos hechos durante el proceso electoral de 2002, primera elección de Lula.
El desarrollo de la crisis estructural y su impacto sobre América Latina aceleró la ofensiva burguesa interna en varios países de la región en la medida en que el agotamiento del ciclo alcista de precios de los productos básicos exportados pone en jaque el sostén de distintos pactos de conciliación clases. En Brasil, por la importancia relativa y la escala de producción de commodities, especialmente las reservas del Pre-sal, este componente es más fuerte y decisivo.
Este panorama general no se distingue de otras situaciones históricas,en cuanto la solución coyuntural de las crisis capitalistas siempre apunta a una mayor explotación de la clase obrera. Lo singular en el presente tiene que ver con la importancia que el Estado ha mostrado en la resolución de la crisis, actuando de forma agresiva sea en la transferencia de recursos del fondo público, sea en la privatización de activos y servicios para mitigar los efectos de la crisis sobre el capital. La acción significa expoliación, e intensificación de la explotación de los trabajadores, obligados a sostener niveles más altos de carga impositiva y pagos individuales por servicios sociales, imponiendoles formas de trabajo cada vez más precarias e intensificadas.
Incluso profundizando el ritmo y el contenido de las alianzas y concesiones a la burguesía nacional e internacional – y también porque las profundizó, bajo la ilusión de que éstas lo sostendrían – el gobierno del Partido de los Trabajadores cayó. Fue abandonado por la misma burguesía con la que había tratado de aliarse, además de haberse apartado de su verdadera base, que eran los sindicatos, movimientos sociales, y una parte importante de marginados.
A pesar de las alianzas mencionadas, el derrocamiento del gobierno de Dilma Rousseff representa una gran derrota para la clase obrera y la profundización de la ofensiva burguesa, con un impacto significativo sobre la velocidad y la fuerza de esta ofensiva sobre el conjunto de América Latina, especialmente sobre Cuba, Venezuela y Bolivia. Los ataques a la capacidad de gasto público y a los derechos laborales que se apuntalan en Brasil son tan impactantes que exigirán décadas de luchas que se pueda revertirlos, bien como para revertir los efectos de la modificación del marco regulatorio para la explotación de los recursos naturales y para la privatización de las empresas estatales.
Imposición histórica de la resistencia popular
El golpe de Estado en Brasil no es un proceso aislado. Y no sólo por la similitud con los golpes en Honduras y Paraguay. Se trata de una acción de clase coordinada por intereses convergentes y arraigados en diferentes países, con el apoyo, en cierta medida, por la estructura de las instituciones que están al servicio del capital. El cercamiento que se observa en América Latina se relaciona con el avance de los gobiernos progresistas en una región en plena ebullición por la desigualdad y la superexplotación. Existe una clara evidencia de la participación directa e indirecta de los intereses imperialistas estadounidenses.
La erosión persistente y progresiva de la socialdemocracia europea en los últimos veinte años abrió un espacio político para purgar toda y cualquier disidencia del modelo internacional estándar, que no esté en las regiones de conflicto abierto del Oriente Medio y África. Por ninguna otra razón, Cuba está presionada a abrir sus muros para la entrada libre de capitales. Este sería el último guardián de desafío al orden.
La SEPLA evalúa como imprescindible una reacción articulada de los trabajadores en la región y se suma a la resistencia de los movimientos sociales de Brasil al virulento ataque, colocándose contra cualquier imposición de reformas que ataquen a los insuficientes derechos sociales conquistados por los trabajadores brasileños. No habrá ningún cambio sin lucha!
Nuestra América, 7 de diciembre de 2016
2016-12-07 – Declaración Acerca del Golpe en Brasil (pdf)
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