La intervención estatal en debate

 

La corriente principal en economía pugna a favor del “mercado” y en contra del “Estado”, lo que forma parte de un discurso ideológico que enaltece uno de los términos y denigra el otro. Siempre sostuvimos que ambas categorías constituyen relaciones sociales y, por ende, en cada caso siempre existen beneficiarios y perjudicados. El “mercado” supone vendedores y compradores. Aquellos pretenden el máximo precio en la relación de intercambio y, éstos, el menor precio posible. La relación de intercambio es contradictoria, por lo tanto, dejar actuar al “mercado” supone definir a favor del mejor posicionado en la relación bilateral. Ocurre lo mismo con la “intervención estatal”. Durante el gobierno Macri (2015-2019), se actualizaron las tarifas a valores exorbitantes, favoreciendo la demanda de ingresos de las empresas que gestionan los servicios públicos privatizados. Cuando el Estado define actualizaciones de jubilados y jubiladas y por debajo de la inflación, favorece el ajuste público demandado por el poder.

La política pública no es autónoma de beneficiarios y perjudicados. Por eso es que debemos discutir la orientación hacia el “mercado” o hacia el “estado” desde el punto de vista de quienes se benefician y quienes se perjudican. Por las dudas insistiremos en que aludimos al “mercado” y al “estado” en el capitalismo, por lo que no resulta difícil deducir que se trata de orientaciones en favor de la lógica del capital, que privilegia la ganancia y la acumulación. No solo se trata de lo que ocurre en el país, sino que es un tema generalizado s escala mundial, incluso en la capacidad de acción de los propios Estados nacionales. Un informe de la ONU de comienzos del 2021 señala:

“El gasto en medidas de estímulo por habitante en los países desarrollados ha sido casi 580 veces mayor que en los países menos desarrollados, a pesar de que los ingresos medios per cápita de los países desarrollados sea solo 30 veces mayor que en los países menos desarrollados.” A continuación, agrega: “Además, la financiación de estas medidas de estímulo ha implicado el mayor préstamo que se ha solicitado en tiempos de paz, lo que ha aumentado la deuda global un 15 %. Este aumento masivo de la deuda supondrá una carga excesiva para las generaciones futuras…” [1]

Son dos cuestiones de gran interés. La primera, es que más allá del discurso relativo a la no intervención estatal, los principales países del capitalismo mundial tienen una capacidad de intervención muy superior a los países menos desarrollados e intervinieron para “salvaguardar” los intereses del capital. La otra cuestión alude al endeudamiento y la “carga fiscal” en los próximos años, lo que supone perspectivas de ajuste fiscal en perjuicio del gasto social. Es más, en el mismo informe se dice:

“…el devastador impacto socioeconómico causado por la pandemia de la COVID-19 será tangible durante muchos años, a menos que se lleven a cabo inversiones estratégicas en los ámbitos de la economía, la sociedad y la resiliencia climática”.

La cita interesa para pensar y discutir quien define esas inversiones, sus destinos y los beneficiarios, algo muy discutible si vemos el deterioro resultante sobre la mayoría social empobrecida en las últimas décadas de liberalización económica, la que está asociada a la ortodoxia de la corriente principal en el pensamiento económico. Vale insistir en que el Estado con su política define el volumen del gasto y su orientación, pero también el sentido de las inversiones y, por ende, a quien beneficiar, e incluso, en desmedro de quien. Una cuestión especial a discutir deviene del apoyo de la política monetaria y fiscal de los principales países capitalistas, las que actúan en defensa del mercado financiero y la especulación. Al respecto, en el FMI se sostiene que:

“a pesar de la persistente incertidumbre en torno a las perspectivas económicas, parece que los inversionistas mantienen su confianza en las perspectivas de crecimiento para 2021, defendiendo que el mantenimiento de las políticas de apoyo compensará cualquier posible desengaño a corto plazo. La desconexión entre los mercados financieros y la economía, de la cual tanto se ha hablado, persiste. A pesar del reciente incremento de las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos, los participantes en el mercado se remiten a las expectativas de tasas muy reducidas en los próximos años y las revisiones al alza de las previsiones de beneficios después de que se anunciasen las vacunas para justificar el repunte de los mercados”.[2]

Parece increíble, pero es real, en el marco de las incertidumbres sanitarias y económicas y sus impactos regresivos en pobreza, desempleo y caída de los ingresos populares, los inversionistas especulativos confían en que las políticas públicas sostendrán sus expectativas de ganancias. Es que la concreta intervención estatal de este tiempo sostiene y promueve la dinámica actual del capitalismo en el aliento al capital ficticio y su lógica especulativa.

El Estado siempre interviene y lo que interesa es discutir a favor de quien, por lo que debe poner en debate el carácter del Estado. En ese sentido venimos insistiendo en construir fuerza política ampliamente sustentada para desarrollar un “estado de transición”, desde la sociedad actual a otra donde el beneficio sea para la mayoría hoy perjudicada. Eso es el anticapitalismo, ya que la lógica ahora imperante, más allá de cualquier discurso en a favor del orden capitalista. No alcanza con discursos. Lo que hace falta es modificar la correlación de fuerzas en lo político, cultural y social para avanzar en un consenso social para la transición del capitalismo a una sociedad en beneficio de las mayorías empobrecidas. Esa transición debe partir por una tendencia a la des-mercantilización y a la satisfacción de los derechos sociales, de alimentación, educación, salud, entre muchos que hacen a la vida cotidiana en nuestro tiempo.

No se trata del Estado contra el Mercado, sino de otro Estado para otras relaciones sociales, incluso mercantiles, sustentadas en la solidaridad y la cooperación para la satisfacción de los derechos sociales y en un marco de respeto al orden natural.

Buenos Aires, 7 de marzo de 2021