Lo que no se debate en economía

 

Toda la discusión de coyuntura en la Argentina se concentra en estas horas en el tipo de cambio, como si la relación entre la moneda local y las extranjeras, especialmente el dólar definiese el orden económico social, reconociendo la tendencia creciente a la dolarización de la vida cotidiana y su regresivo impacto en la mayoría de menores ingresos. Hay intereses detrás del debate, ya que el precio de las divisas (moneda externa) supone contradicciones materiales, entre quienes ejercen el poder económico del país y la mayoría de la sociedad, e incluso entre distintas franjas del poder para afirmar su hegemonía. Solo a modo de ejemplo señalemos que los exportadores pretenden el tipo de cambio más alto para obtener más moneda local por sus ventas externas, mientras que un inversor extranjero que produce y vende en pesos, pretende un tipo de cambio bajo para poder importar bienes intermedios y de capital a bajo costo en pesos; además de cambiar sus excedentes por una mayor cantidad de moneda externa y remitirla a su casa central o a cualquier destino de acumulación fuera del país. Para los que viven con ingresos en moneda nacional está claro que las recurrentes devaluaciones les afectan su capacidad de satisfacer necesidades elementales.

El tipo de cambio, la tasa de interés, son apenas algunos de los precios de la economía, como el salario o las tarifas de servicios públicos, entre muchos. Los precios se establecen en una economía mercantil en acuerdo a la ley del valor en tiempos de transnacionalización de la economía capitalista. El trabajo socialmente necesario tiene alcance global bajo dominación de las corporaciones transnacionales. Por eso es que los precios remiten a una cuestión de mercado capitalista mundial, sobre quien ejerce la dominación del “trabajo productivo”, o sea, aquel que crea ganancias, capital, y su capacidad de acumulación. En esas condiciones es que se debe discutir a la Argentina, que por casi medio siglo viene profundizando sus lazos de dependencia de la acumulación capitalista mundial. En efecto, entre 1974-76 se disputó el rumbo del orden económico social local, que terrorismo de Estado mediante transformó el viejo orden del capital, de industrialización y aliento al mercado interno, por otro de inserción mundial subordinado. Allí se habilitó nuevamente la disputa por el poder, tal como en los 80 del Siglo XIX o entre los 20 y los 30 del Siglo XX y más luego hacia 1945-1975.

Desde ese tiempo se avanza, con tropiezos y resistencias varias, en profundos cambios en las relaciones económico sociales. En tanto no termina de consolidarse una nueva dirección de ese “orden económico social”, esas contradicciones y confrontaciones se manifiestan en picos inflacionarios que otorgan especificidad y diferenciación con lo que ocurre en la mayoría de los países del mundo. La inestabilidad y ascenso de precios es una de las características de la disputa de poder. No cualquiera puede imponer sus precios en la economía, por lo que la inflación supone la confrontación por la apropiación del excedente económico socialmente generado en el país.

Fueron distintas fracciones del poder las que se disputaron el excedente económico desde 1975/76, con un trasfondo de debate entre la dolarización y la devaluación. Un debate que fue procesado en torno al 2001, que se resolvió transitoriamente con el cambio de los precios relativos (ruptura de la convertibilidad) y un brutal ajuste que devino en 57% de pobreza y 21% de desempleo para el primer tramo del 2002. Los grandes beneficiarios de la devaluación del 2002 pretenden afirmar las posiciones logradas con mayor apropiación del excedente, para lo que requieren profundizar las reaccionarias reformas laborales, estatales y de inserción mundial construidas como tendencia por más de cuatro décadas.

Si no es el precio del dólar, entonces ¿qué?

Lo que sostengo es que la agenda en debate es la del poder, incluso la de quienes disputan entre sí la apropiación del trabajo social local. Se requiere cambiar el eje de la discusión.

Ahora se discute el acuerdo con el FMI y vale interrogarse a quien le sirvió el desembolso por casi 45.000 millones de dólares, que como demostró el informe del Banco Central de mediados de mayo pasado[1], tuvo destino en la salida de capitales para pagar deuda, remitir utilidades al exterior o constituir activos externos de residentes locales. Todo ello es fuga de capitales. Es decir, se constituyó deuda, socializando su costo posterior, a cambio de favorecer el ciclo de la acumulación transnacional del capital. La deuda es un mecanismo de apropiación de riqueza socialmente generada que se utiliza en la acumulación mundial. Es forma de extracción de valor y plusvalor, en detrimento de la acumulación local.

La Argentina tributa al capitalismo transnacional, forma actual de la producción y reproducción ampliada del sistema capitalista. En rigor, ocurre algo similar en la región, por lo que toda Latinoamérica y el Caribe no resulta en el eje donde ponen el ojo los inversores internacionales, salvo y muy parcialmente Brasil. Esta conclusión las leemos en los informes de la CEPAL desde hace más de una década y recientemente desde la UNCTAD[2], entre otros aportes de estudiosos más allá de nuestros territorios, especialmente Pierre Salama, quien recupera debates de los años sesenta para explicar la tendencia al estancamiento de la región, especialmente la Argentina y México[3].

Se impone cambiar la lógica del poder, desarrollando un razonamiento de contenido alternativo que alimente otra disputa política para un rumbo alternativo del orden económico y social. El horizonte apunta a terminar con la especulación y una clase dominante que expropia riqueza socialmente generada en el país para una acumulación global, lo que supone discutir la producción en general, el papel asignado a la política pública y al lugar del Estado en la producción y circulación, tanto como a los sujetos económicos, sus formas de organización, de carácter colectivo, autogestionaria y conscientes para otro rumbo civilizatorio.

Para cambiar, hay que partir de las necesidades a resolver y desde allí organizar el sistema de relaciones y los recursos a afectar, que en si mismo implica distribución del ingreso y de la riqueza.

¿Cuáles son esas necesidades sociales a resolver? La pobreza y el empleo. A ello se asocia la alimentación, la educación, la salud, como ejes del acceso a derechos negados por la mercantilización. De ese modo, la des-mercantilización de la cotidianeidad es lo que debe resolverse.

¿Es acaso posible? Solo si se modifica el razonamiento hegemónico que impone la cultura de la dominación mediante variados mecanismos, a la vanguardia los medios de comunicación.

Por ejemplo, ante la estafa de Vicentin sonó adecuado avanzar en el camino de intervención, expropiación y transformación del modelo agrario local desde una empresa testigo.

La movilización ideológica y política en defensa de la propiedad privada de los medios de producción retrajo el discurso y la propuesta oficial en ese sentido.

Hace falta una iniciativa en sentido inverso para jerarquizar derechos extendidos por sobre la defensa de la propiedad privada de los principales medios de producción.

Algo similar ocurrió y ocurre con el “aporte solidario sobre las grandes fortunas”, denostado ideológica y políticamente con los mismos argumentos de soporte en defensa de la “propiedad”.

Otro modelo productivo y de desarrollo es lo que se requiere instalar en el debate económico. Es lo que no se discute. Tiene su lógica, ya que se sale del debate sobre un precio o sobre varios precios para discutir cómo se organiza integralmente el orden económico social en su conjunto.

Aclaremos que el tema no se resuelve localmente, sino que tiene que pensarse y procesarse articuladamente con otros pueblos de la región y del mundo. Mientras eso ocurre se deben instrumentar mecanismos de acumulación ideológica y política para hacer realidad un debate sustantivo que privilegie una agenda por otro orden económico y social.

Buenos Aires, 10 de octubre de 2020