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Por Antonio Elias

En Venezuela, durante los gobiernos chavistas, los cambios fueron profundos en lo político, lo ideológico y en la apropiación, uso y distribución de la renta originada en el petróleo; a su vez, las reformas constitucionales, apuntaron al fortalecimiento de la soberanía nacional, la inclusión de los pueblos originarios y la construcción de poder social, no obstante los persistentes intentos desestabilizadores, incluido el golpe de Estado de 2002. El proceso de cambios incluyó el desarrollo de formas de propiedad estatal y social, tales como la comunal y las cooperativas; sin desmedro de reconocer que las reglas básicas del funcionamiento capitalista se mantuvieron por presiones externas y por debilidades internas.

Durante casi una década el petróleo tuvo precios mucho más altos que en períodos anteriores y eso posibilitó un aumento significativo de los recursos de que disponía Venezuela para llevar adelante sus proyectos de cambios profundos.

La crisis de la economía mundial está debilitando y desestabilizando a Venezuela – al igual que al resto de los gobiernos progresistas – al reducir muy significativamente la disponibilidad de recursos para financiar sus políticas como consecuencia, principalmente, de la caída de los precios de las materias primas.

La situación es particularmente compleja porque lo que queda del progresismo, luego de perder el gobierno en Argentina y Brasil, debe enfrentar: a) una ofensiva estratégica del capital, por instaurar un modelo de acumulación que le permita aumentar la tasa de ganancia y trasladar los costos de las sucesivas crisis a los países periféricos y a los trabajadores; b) una agudización de las agresiones imperialistas –-por diversos métodos-– para desplazar de las posiciones de gobierno a fuerzas de izquierda o simplemente progresistas y sustituirlas por gobiernos estrictamente subordinados a sus intereses.

El objetivo principal e inmediato sigue siendo derrocar al gobierno de Venezuela —el que más esfuerzos hizo para fijar un horizonte socialista y una integración regional antiimperialista— al que se trata de aislar internacionalmente, a la vez que se desarrolla una masiva campaña mediática buscando crear condiciones para legitimar todo tipo de confrontación interna y/o agresión externa.

En ese contexto, Luis Almagro encabeza una ofensiva desestabilizadora contra Venezuela desde la OEA en “defensa de la democracia” violando groseramente el principio de autodeterminación del pueblo venezolano y tomando partido por la oposición de derecha que busca desesperadamente la intervención extranjera y/o un golpe militar contra el presidente Maduro.

Almagro es un hombre cuestionado, entre otros aspectos, porque como Ministro de Relaciones Exteriores comprometió en secreto al país – a espaldas del pueblo uruguayo, el Frente Amplio y parte del propio gobierno– en las negociaciones de un acuerdo plurilateral de libre comercio de servicios impulsado por los Estados Unidos: el Trade in Services Agremeent (TISA). Acuerdo absolutamente perjudicial para el desarrollo económico y la soberanía nacional del cual se retiró Uruguay en 2015 por propuesta del Frente Amplio y resolución del gobierno del Dr. Tabaré Vázquez.

La OEA, ha sido cuestionada históricamente por estar al servicio de los gobiernos de Estados Unidos, por perseguir y expulsar a Cuba, por mantenerse al margen de las más groseras violaciones de la democracia y de los derechos humanos si éstas eran realizadas por gobiernos de derecha y pro capitalistas. Hoy cumple ese mismo papel y pone la “lupa” sobre Venezuela y se rasga las vestiduras por un conflicto de poderes que se dirime, mal o bien, en el marco de la Constitución de la República Bolivariana. OEA que calla, sin embargo, sobre lo que sucede en el resto del continente, por ejemplo: los “golpes blandos” que han sucedido en Brasil, Paraguay y Honduras; los fraudes electorales que se han realizado reiteradamente en Haití; los asesinatos y desapariciones de dirigentes sociales en Colombia, Guatemala y México.

En función de lo anteriormente señalado respecto al nefasto papel de la OEA en América Latina y en defensa del principio de no intervención en los asuntos internos de las naciones y el respeto a la autodeterminación de los pueblos expresamos nuestro rechazo total y absoluto a la injerencia e intervención de la OEA y cualquier otro organismo internacional o nación en los asuntos internos de Venezuela.

Antonio Elías es miembro de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU), vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA) y miembro de la Red de Intelectuales, Artistas y Luchadores Sociales en Defensa de la Humanidad.

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