Por Antonio Elias*

El ingreso de Uruguay a las negociaciones del Trade in Services Agreement(TISA) requiere varias puntualizaciones dado que el proceso de discusión pública que se ha iniciado sobre el tema carece en gran medida de una sólida fundamentación.

 

La primera, nada menor,  es que para los demás países miembros de dicha negociación el secreto rige para los términos que se negocian no para ocultar su condición de miembros. En el gobierno del Presidente José Mujica la “reserva” o el “hermetismo” se llevaron a tales extremos que todo el proceso de incorporación a las negociaciones era desconocida por connotados dirigentes del Frente Amplio y por el actual Presidente de la República. Ambas cosas de extrema gravedad: la primera,  porque la fuerza política tiene definiciones precisas en contra de este tipo de acuerdos y esto es una imposición de hechos consumados al margen de las discusiones que deberían haberse realizado al interior del Frente Amplio; la segunda, porque existió un proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante en el que debería haber sido informado el Dr. Tabaré Vázquez.

 

Pero no todo es responsabilidad del gobierno anterior: el tema fue difundido en la prensa en julio del año pasado, el canciller Luis Almagro reconoció la existencia de estas negociaciones y connotados dirigentes frenteamplistas fueron entrevistados al respecto por lo cual no sería aventurado decir que hay muchos que comparten, al menos por omisión, las responsabilidades del inconsulto ingreso al TISA.  De la misma forma debe decirse que también fueron omisos en informar al Presidente los integrantes del actual gabinete que conocían y aprobaron el ingreso al TISA.

 

En las actuales circunstancias – cuando según dirigentes del PIT-CNT el Presidente va a analizar en profundidad el tema antes de tomar posición – vale la pena recordar que fue el propio Dr. Tabaré Vázquez quién dio la orden de suspender las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en su primer gobierno.

 

La segunda, a la que hemos denominado banalización del mal, pretende convencer de que el ingreso a las negociaciones del TISA no exige ningún tipo de condiciones y se puede salir de las mismas fácilmente.

 

Antes fue el canciller Luis Almagro, quién dijo que las negociaciones tienen como objetivo: “establecer un régimen de comercio más amplio, flexible y predecible…lo suficientemente claro para no impedir que cada gobierno ejerza su propia soberanía para regular ciertos sectores y destacó que “Uruguay puede aceptar o no la fórmula a la que se llegue” (La Diaria, 17/07/2014).

 

Ahora es el canciller, Rodolfo Nin Novoa, quién dice que “Lo primero que hay que hacer es juntar la información, sentarse a analizarlo con cabeza abierta y pensar que Uruguay es un país que cada vez tiene más perfil de servicios”  y qué va a “respetar y defender los monopolios que tiene el país, como por ejemplo la telefonía básica, la refinación de petróleo o el suministro de agua potable” y que “antes de un eventual acuerdo TISA  habrá que consultar al Frente Amplio y a los demás partidos” (06/04/2014).

 

Con lo cual pretenden restar importancia a la participación como miembro pleno (no con la categoría de observador) de una negociación multilateral que exige la aceptación de los acuerdos ya alcanzados y el compromiso de “buena fe” de aceptar los resultados de las negociaciones subsiguientes. Con lo cual solamente habrá que discutir cuando se llegue a la firma del tratado como si la dirección y objetivo de las negociaciones fuera irrelevante.  

 

Lo expuesto por los cancilleres se contrapone con lo que sostiene el PIT-CNT y REDES en una nota dirigida al canciller Almagro (06/02/2015): “es ilusorio pensar que Uruguay podrá incidir mayormente en las negociaciones del TISA, menos aun cuando se le exige como condición de ingreso a las negociaciones que acepte (sin siquiera haberlos visto, estudiado y evaluado) los textos ya aprobados por los miembros actuales del TISA (como consta en innumerables comunicaciones de la misión permanente de Uruguay ante la OMC a la cancillería a lo largo de 2014)”.

Plantean, además, que el ingreso fue aceptado sosteniendo que “lo ya aprobado coincide con lo acordado en el marco del GATS, del cual Uruguay forma parte”. Lo cual cuestiona porque “tal como se establece en forma explícita en los objetivos del TISA en el documento que se le presento a la misión permanente de Uruguay ante la OMC (04/12/2012) buscan alcanzar un acuerdo GATS plus… avanzar mucho más allá del GATS en diversas áreas y se diferencia del GATS en varios aspectos importantes para los trabajadores, el pueblo uruguayo y toda la nación, no tenidos en cuenta en esa evaluación ligera.”  

La tercera, la participación en esta negociación implica ignorar que Uruguay es básicamente exportador de bienes de origen agropecuario y ha compartido el reclamo de los países del tercer mundo  para que se eliminen los subsidios que otorgan los Estados Unidos y la Unión Europea a la producción de dichos bienes, lo cual ha sido una condición sine qua non, para negociar la liberalización del mercado de servicios.   

En ese marco parece absurdo que Uruguay cuyas exportaciones de bienes y servicios, en 2014, están compuestas en un 76.4% por bienes, la mayor parte de origen agrícola, este abriendo su mercado de servicios a los países centrales. Téngase en cuenta, además, que la mayor parte de los servicios que exportamos como “Transporte” (4,5%) y “Viajes” (12,9%) no se verán favorecidos por este acuerdo. El sector que sería eventualmente beneficiado por el ingreso a los mercados de los países miembros del TISA es “Otros Servicios” (6,3%), el cual tiene tres componentes principales: “Servicios empresariales, profesionales y técnicos varios” (2,5%); “Servicios de Informática” (2%); “Servicios financieros, excluyendo seguros” (1%).  El primero de los cuales se realiza en buena medida desde las zonas francas donde tienen muy importantes beneficios fiscales.

 

Los riesgos de este tipo de acuerdos son bastante obvios: las empresas nacionales de servicios que producen para el mercado interno van a tener que competir con empresas con enormes economías de escala y posiciones dominantes a nivel mundial. Esto afectará principalmente a las  empresas públicas que tienen monopolios y/o compiten con marcos regulatorios que las protegen. (Ver Recuadro Uno)

Los promotores del TISA buscan ampliar los espacios de acumulación para el capital transnacional desplazando a las empresas del sector público. En ese sentido uno de los objetivos fundamentales son las telecomunicaciones, donde podemos identificar las tres áreas principales dónde se encuentra ANTEL: uno, la telefonía fija (que va a “defender y proteger” el canciller Nin Novoa), cuyo monopolio legal se ve desbordado por los avances tecnológicos (celulares, Skype, WhatsApp, Viber, etc.); dos, la telefonía móvil, un mercado en competencia con dos empresas transnacionales (Movistar y Claro) que exige múltiples inversiones para mantener la paridad tecnológica; tres, la transmisión de datos y contenidos que es el sector más dinámico de las telecomunicaciones esta en competencia en servicios inalámbricos, pero ANTEL mantiene un monopolio, en base a las autorizaciones y licencias expedidas por el Poder Ejecutivo, en la transmisión de datos por cable y fibra óptica.

Téngase en cuenta que sí el mercado de datos por vía terrestre entrara en competencia evolucionaría como el de la telefonía móvil, el proceso sería el siguiente: 1) Empresas transnacionales que ingresan al mercado compiten reduciendo precios; 2) Al bajar los costos para las familias se incorporan nuevos clientes al mercado; 3) La participación relativa de la empresa pública (EP) en el nuevo mercado se reduce; 4) El mercado llega a la saturación y la EP pierde participación en términos relativos y absolutos; 5) Las transnacionales pasan a tener el control del mercado y fijan los precios.

Abrir a las empresas multinacionales nuevos sectores de la industria de las telecomunicaciones implica: destruir fuentes genuinas de empleo; anular la posibilidad de creación de contenidos nacionales; reducir las oportunidades de desarrollo tecnológico. En definitiva, compromete la propia autonomía del Uruguay en un sector esencial y estratégico para su soberanía.

Recuadro Uno. El blindaje institucional de la liberación de servicios

Los principales objetivos que buscan los países centrales son: a) Libre acceso a los mercados para sus empresas, sin limitaciones de ningún tipo; b) Trato nacional, sus empresas tendrían un trato igual que las empresas nacionales sin ninguna forma de discriminación; c) Trato de nación más favorecida, el máximo beneficio que se otorgue a cualquier nación se le debe otorgar a los miembros de este acuerdo.

 

Para lograr que esos objetivos se cumplan y no retrocedan tienen tres “blindajes”:

– uno, el “statu quo”, que “congelaría los actuales niveles de liberalización de la economía en todos los ámbitos. Esto bloquearía la posibilidad de que un gobierno presente o futuro pueda volver atrás lo ya liberalizado. 

 

– dos, las “disposiciones de trinquete”, que implica que “cualquier cambio o enmienda a una medida nacional relacionada con los servicios  que en la actualidad no se ajusta a las obligaciones del acuerdo se realice en una dirección a una mayor conformidad con el acuerdo, no menos”. Esto significa que solo se pueden hacer cambios en dirección a mayores niveles de liberalización reduciendo cada vez más la soberanía nacional. Si un gobierno favorable al capital toma medidas que eliminan regulaciones y liberan mercados, un gobierno posterior que defienda los intereses de los trabajadores, un desarrollo económico con fuerte participación del Estado y la protección de empresas nacionales medianas o pequeñas no podría modificarlo.

 

– tres, arreglo de diferencias, la Unión Europea y los Estados Unidos, proponen que “el tribunal (panel) debe tener la necesaria formación y solvencia referida a los servicios financieros en controversia”. Lo que implica que las condiciones que se establecen serán reguladas y arbitradas, como en todos los acuerdos internacionales por tribunales propios, excluyendo así las competencias y las legislaciones de cada país.  

– cuatro, todos los mercados existentes son parte del acuerdo, salvo que sean excluidos del tratado a texto expreso por una “lista negativa”, lo que implica que todo nuevo mercado que se genere por avances tecnológicos o por cualquier otra razón queda bajo las reglas del TISA.

 

– cinco, el texto básico del TISA excluye los servicios suministrados ‘en ejercicio de facultades gubernamentales’ del ámbito de aplicación del acuerdo, pero los servicios prestados en el ejercicio de dichas facultades están estrictamente definidos como ‘todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales  ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios”. Lo que implica que la mayor parte de los servicios públicos quedarían incluidos en la liberalización del TISA.

 

En cuarto lugar, la participación en las negociaciones del TISA entra en franca contradicción con las definiciones programáticas del Frente Amplio en lo que tiene que ver con su política de inserción internacional (ver Recuadro Dos). Es muy explícita la definición del Mercosur como “plataforma de la regional de la inserción internacional” y que “las negociaciones comerciales de inserción internacional deberán plantearse desde la Agenda Externa del MERCOSUR”. También es muy claro y preciso el rechazo a tratados de libre comercio “en los términos y las condiciones de  los que EEUU ha firmado con Perú… referidos a normas de competencia, compras gubernamentales, propiedad intelectual, servicios, barreras técnicas al comercio, etc., tampoco son aceptables introducidos en otros acuerdos tipo TIFA o similares”.    

Por otro lado debe destacarse que en el programa para el actual período de gobierno se sostiene que “sin perjuicio de las facultades de la CIACEX (Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior) y de otros organismos de coordinación interministerial, se habilitarán mecanismos de consulta con los agentes económicos y organizaciones sociales involucradas”, lo que claramente no ocurrió en el caso del TISA.

 

 

Recuadro Dos.

El programa del FA 2010-2014 definía que:

“47. Reconociendo al MERCOSUR como la plataforma regional de la inserción internacional del país, se asume que los acuerdos comerciales con otros países y bloques de naciones deben procurar diversificar el comercio exterior, la integración sur-sur y el fortalecimiento del bloque en el plano internacional. Estos deben procesarse sin afectar los márgenes de maniobra del país en sectores que pueden ser claves para una estrategia de país productivo como las Compras Gubernamentales, los Servicios o los derechos de Propiedad Intelectual.

 

48. Un tratado de libre comercio en los términos y con las condiciones de los que EEUU ha firmado con Perú o ha propuesto a Colombia es incompatible con las necesidades y los objetivos del desarrollo nacional. Tales términos y condiciones, referidos a normas de competencia, compras gubernamentales, propiedad intelectual, servicios, barreras técnicas al comercio, etc., tampoco son aceptables introducidos en otros acuerdos tipo TIFA o similares.”

www.frenteamplio.org.uy/index.php?Q=download&ID=1044

 

Por su parte en el programa 2015-2020 se sostiene:

“Cualquier abordaje de negociación tendiente a suscribir tratados bilaterales o multilaterales comerciales deberá garantizar las necesidades y los objetivos del desarrollo nacional. Los términos en que se acepte negociar áreas tales como normas de competencia, compras gubernamentales, propiedad intelectual, servicios o barreras técnicas al comercio, no deberán perjudicar el desarrollo sustentable del país, sus fuentes laborales ni su potestad de aplicar políticas públicas para alcanzarlo. Particularmente, no se deberá afectar la estrategia de integración que se viene llevando a cabo, en especial nuestra pertenencia prioritaria al MERCOSUR.

 

Las negociaciones comerciales de inserción internacional deberán plantearse desde la Agenda Externa del MERCOSUR. Al respecto, se procurará que la misma sea amplia y diversificada en cuanto a países y producción exportable, impulsando Uruguay la profundización de los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) con los países de Latinoamérica y el Caribe.

www.vertiente.org.uy/webnew/documentos/Bases_FA_2015-2020.pdf

 

(*)Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez  (INESUR),  miembro de la REDIU.

Republicación de artículo originalmente escrito en el Semanario Voces.

 

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