La crisis sanitaria agrava las limitaciones económicas y sociales de los adultos mayores

 

Hace años que jubiladas y jubilados luchan por mejorar sus ingresos y en ese trayecto han acumulado experiencia, diagnósticos y propuestas para señalar el camino de las soluciones.

Sin embargo, mientras más claro se analiza el problema desde las/os jubiladas/os, el sistema responde con ajuste y si, a veces, con paliativos, algunos importantes, como los derivados de las sucesivas moratorias que amplían la cobertura a millones de personas.

Un estudio de ANSES señala que “la cobertura previsional de las personas mayores de 65 años en Argentina al 3° trimestre de 2020 era de 92,3%, ascendiendo a 95,6% para las mujeres y siendo de 87,8% para los varones.”[1]

Es destacable el dato sobre población con cobertura, aun sin la universalidad pretendida, pero no es un dato menor evidenciar la precariedad de los recursos percibidos por cada persona.

Como señala el movimiento de jubiladas/os, un 70% de esos ingresos están por debajo de la canasta necesaria del adulto mayor y la mitad de casi 7 millones de perceptoras/es de ingresos previsionales están en la mínima, que apenas alcanza a un tercio de la canasta de bienes y servicios.

Se trata de un serio problema, mucho más en condiciones de restricciones económicas, que se agravan con la pandemia del coronavirus.

¿Qué restricciones?

En primer lugar, la suba de precios, muy especialmente de alimentos y medicamentos, entre otros.

La inflación perjudica seriamente la satisfacción de necesidades del adulto mayor, mucho más si las actualizaciones de ingresos siempre pierden contra la evolución del costo de vida.

Pero también afecta el empobrecimiento de la población, lo que dificulta a la economía familiar de los mayores, con limitaciones para colaborar con el entorno cercano y de estos hacia las/os mayores.

Sea por la inflación o por nivel de actividad económica, las restricciones son importantes, aun cuando ahora existe un crecimiento económico, rebote de la fuerte caída del producto en 2020. Se espera un ascenso de la economía argentina del 6 al 7% en el 2021, mientras que la baja fue del 9,9% en el 2020, sin contar los tres años recesivos previos en la gestión Macri.

Es mucho lo que pierden las/os trabajadoras/es en actividad, condicionando los ingresos previsionales actuales y futuros.

Por eso nos preocupa la política previsional, más aún cuando en el acuerdo con el FMI en el 2018 se incluía el compromiso del país por una “reforma previsional”, que, desde ya, nadie imagina a favor de los ingresos y la calidad de vida de jubiladas y jubilados.

La pandemia agravó la situación. En un comienzo se identificó a las personas mayores como sujetos vulnerables, confirmado con el promedio de edad de contagiados, internados en terapia intensiva y fallecimientos.

Con las nuevas oleadas del virus y el inicio de la campaña de vacunación el promedio de edad bajó, pero no eliminó la incertidumbre para las/os mayores desde el inicio del problema.

Entre otras cuestiones, porque la salud sigue colonizada por una concepción mercantil, aun cuando el Estado asuma el costo de salud derivada de la pandemia.

Lo que no aparece en los ámbitos de decisión estatal, sea el poder ejecutivo o el legislativo, es un rumbo que defina los caminos de solución en acuerdo con las demandas del movimiento de trabajadoras y trabajadores jubilados.

¿Existen los recursos para resolver estas demandas?

Desde luego, lo que supone modificar el destino principal de los recursos públicos, que desde hace años privilegian a los acreedores externos y al sostenimiento de un modelo productivo y de desarrollo que solo generó mayor concentración, pobreza y desigualdad.

El informe que citamos de la ANSES da cuenta, pese a la extensión de los ingresos previsionales, que la discriminación de género constituye un problema estructural que viene de arrastre.

Pretendemos señalar que eso es también parte de la desigualdad, fenómeno que se manifiesta entre las/os pocas/os que concentran la gran propiedad de los medios de producción y la mayoría social desposeída, y que se reproduce al momento de evaluar los ingresos laborales y previsionales de varones y mujeres.

La emergencia sanitaria evidencia no solo problemas de salud o económicos y sociales, sino y muy especialmente los límites del orden capitalista para atender las demandas de los más necesitados, entre ellos, las de jubiladas y jubilados.

Buenos Aires, 3 de junio de 2021