La remarcación de precios es una cuestión de poder

No hay duda de que la principal preocupación de la economía argentina, sobre todo para la mayoría de la población de bajos ingresos, es la elevada inflación, resultado del proceso de remarcación de precios, una cuestión de poder. Desconocemos aun el índice de octubre pasado, que puede haber terminado con una suba de precios igual o superior que la de septiembre. La inflación había alcanzado un pico en el mes de julio, con un índice del 7,4%, que descendió al 7% en agosto y al 6,2% en septiembre. Esa curva descendente puede revertirse con el resultado que revele en los próximos días el INDEC. Es un hecho que en la perspectiva del 2022 la inflación anual se acerque al 100%. No hay ingreso popular (salarios, jubilaciones o subsidios personales) que se acerque a ese nivel de evolución, expresión de la depreciación del dinero en la Argentina. Muy pocos trabajadores y trabajadoras en organizaciones gremiales que han tenido capacidad de negociación colectiva para defenderse de la evolución de los precios pueden igualar o superar ese indicador La mayoría de los ingresos populares fijos, sean salarios jubilaciones o planes sociales, no cubrirán de ninguna manera una canasta de precios que en promedio tiende hacia las 3 cifras, en torno al 100%. Claro, sin considerar que en ese promedio hay una cantidad de bienes y servicios que hacen a la reproducción de la vida cotidiana que crecieron por encima. El problema inflacionario, insistiremos hasta el cansancio, lo sufren la mayoría de la población de menores ingresos, siendo en simultáneo un mecanismo de distribución del ingreso y de la riqueza que concentra ganancias y patrimonios en la minoría enriquecida de la población y actores económicos hegemónicos con independencia del origen del capital. El que “puede”, remarca ¿Quién provoca las remarcaciones de precios, el incremento que deriva en elevada inflación? Contestaremos con una tautología: “el que puede”. Cualquiera que este en condiciones de aumentar “puede” hacerlo, aun siendo un pequeño establecimiento comercial o industrial. Si “puede” incrementar el precio, lo hace. Enfatizo él “puede”, porque también insistiremos que la inflación es una cuestión de “poder”. Remarca el que puede. Vale para un pequeño establecimiento, mediano o grande, pero la realidad es que son muy pocos los que tienen la capacidad de originar el fenómeno. Esos son los grandes operadores y fijadores de precios. Ellos son los que en origen instalan una cadena de remarcación que se puede, de algún modo, generalizar al conjunto de la sociedad en condiciones de establecer un precio. Por eso sostenemos que hay que confrontar a la inflación, o sea, al poder, y cada país la confronta en la manera que “puede”. Políticas antiinflacionarias La corriente hegemónica del pensamiento económico (neoliberal, liberal ortodoxa, monetarista ortodoxa, se la denomine como se quiera) actúa como está actuando EEUU en este momento. La Reserva Federal (banco central) viene aumentando la tasa de interés, y anticipa que profundizará esa política monetaria si no logra bajar la tendencia alcista de los precios. De lo que se trata es de enfriar la economía, restringiendo la circulación monetaria. La perspectiva es la desaceleración económica y la tendencia hacia la recesión, con las consabidas consecuencias sociales en materia de cierre de empresas, de cesantías, suspensiones y caídas de los ingresos salariales. Esa es la receta liberal que se extiende en la política monetaria del orden capitalista contemporáneo. Es la receta de la corriente de política económica que gobierna hoy el capitalismo mundial: en EEUU, en Europa, o en Japón, la receta es aumentar la tasa de interés. Curiosamente, o no tanto, en Argentina también viene aumentando la tasa de interés. Si en EEUU apuntan a una tasa del 4%, el Banco Central de la República Argentina ha establecido tasas de política monetaria del 75% (nominal anual) o 107,5% (efectiva anual). Son valores que proyectan imposibilidad de crédito para la expansión de la producción y una mejora en el empleo y la distribución del ingreso. Entre los principales beneficiarios de esas elevadas tasas de interés, están los sectores especulativos, especialmente la banca, destinatarios de las LELIQ, Letras de Liquidez que emite el banco central para intentar secar la plaza y por lo tanto ir a esa política de austeridad financiera. Las LELIQ prácticamente duplican la base monetaria y suponen un costo elevado a costa del conjunto de la sociedad y en beneficio de sus tenedores. Pero claro, EEUU al mismo tiempo establece una legislación compensatoria, caso de la ley antiinflacionaria que apunta cuidar el empleo y la producción local, sobre todo en el sector automotriz y de las autopartes para favorecer la producción local. Eso generó la protesta de la industria de México de fuerte relación productiva y comercial con EEUU, y por supuesto de Europa, donde las automotrices europeas no pueden acompañar lo que acontece con los beneficios de la industria automotriz estadounidense. Eso muestra a un estado estadounidense con poder para enfrentar al fenómeno inflacionario al modo liberal, aun a costa de sus aliados en la geopolítica global. ¿Y en Argentina qué? En Argentina la política inflacionaria esta condicionada por el FMI, que en primer lugar pide eliminar subsidios, lo que supone aumentos de tarifas, o sea, aumento de precios, lo que impacta en la inflación. Al mismo tiempo, el acuerdo sustenta la cancelación de la deuda, que genera intereses cuantiosos a solventar con una acrecida recaudación tributaria. Convengamos que siendo el IVA la principal recaudación tributaria en el país, la inflación termina siendo funcional a los objetivos de captar recursos para hacer frente a los compromisos externos, con acreedores privados y el FMI. Se trata de un acuerdo a contramano de una política antiinflacionaria. ¿Qué debiera hacer el estado argentino? Confrontar con el poder, con los que definen, en origen, el proceso de remarcación. Es una cuestión política que requiere cohesión en el poder ejecutivo, que requiere un debate profundo en el poder legislativo y judicial, que demanda una fuerte articulación de las distintas esferas del poder para confrontar con los que deciden los precios. Para ello se necesita un gran trabajo de consenso en el conjunto de la sociedad, en donde pareciera que ni el oficialismo ni la oposición están en condiciones de hacerlo, puesto que entre ellos se negociaron las reestructuraciones de la deuda desde 1983, recientemente ratificadas, pese a las condiciones excepcionales para denunciar el carácter odioso de la misma, incluso ante el impacto de la pandemia y ahora de la guerra en Ucrania. Hace falta en Argentina una alternativa política que resuelva y decida una confrontación con el “poder”, responsable de las remarcaciones de precios y por ello, de la elevada inflación. Buenos Aires, 7 de noviembre de 2022