Los salarios pierden contra otros precios
La inflación para enero del 2021 en Argentina fue del 4%, que anualizado alcanza al 38,5%, un registro mayor que los 12 meses del 2020 (36,1%)[1].
El fenómeno de la inflación está nuevamente en alza, respecto de la tendencia decreciente del 2020 con respecto de la situación de fines del 2018 y del 2019 (47,6% y 53,8% respectivamente). Se trata de un tema preocupante por la especificidad respecto de otros países de la región y del mundo, donde la evolución de los precios no supera el dígito. En rigor, solo Venezuela presenta una inflación superior a la de la Argentina.
La inflación no golpea a todos por igual, ya que es un mecanismo más de distribución (regresiva) del ingreso, o si se quiere, es una manifestación de la lucha de clases entre perceptores de salario por un lado y de ganancia por el otro. Es, en definitiva, la expresión fenoménica de la distribución de los ingresos entre los propietarios de los medios de producción y quienes solo tienen para ofrecer al mercado su fuerza de trabajo.
El orden capitalista define la distribución de los ingresos según la lógica de apropiación privada que subordina la organización de la producción a la dominación del capital.
¿A cuánto ascenderá la inflación a fines del 2021?
Según el Presupuesto aprobado para este año alcanzará un 29%, aun cuando el Ministro de Economía sugiere que la inflación podría ir bajando de a un 5% por año, por lo que el objetivo gubernamental oscila en valores un poco superiores a ese valor presupuestado. Igual, parece de difícil cumplimiento ante las alzas de precios, “reacomodamientos” según explican las autoridades. El ministro critica a los profesionales de la economía, financiados por el capital, que auguran, desde hace rato, una espiral inflacionaria, incluso la hiperinflación. Estos economistas y asesores, que remiten a la concepción liberal, de derecha, son funcionales a la lógica política que promueve la libertad de mercado, alentando el ajuste fiscal y la regresiva reestructuración de las relaciones laborales. Son voceros de la ampliación de la apropiación de ganancias y su acumulación.
En ese marco es que las reuniones del gobierno con organizaciones sindicales en estas horas pretenden morigerar la demanda salarial en torno al objetivo del gobierno, aun cuando se señala que las negociaciones colectivas son libres. Igual, no todas las trabajadoras ni los trabajadores integran el lote de las organizaciones que definen sus ingresos en paritarias con las patronales. Pero como esas negociaciones son una referencia económica, pero también política, en tanto y en cuanto son parte de la contención del conflicto, resulta clave para el gobierno arrancar el compromiso de las direcciones sindicales afines. Para estos, se trata de defender al gobierno “propio” del embate opositor liberal.
Con un mismo sentido, el gobierno habilitó el diálogo con los principales dueños y emisarios de las grandes empresas, los que definen los principales precios. El objeto también apunta a solicitarles morigeren su apetencia de remarcación. Es una apelación a la voluntad de un núcleo social, que a priori no confía, ni siente como propio al gobierno, aun cuando se expliciten definiciones y políticas gratas a los oídos y expectativas de las/os empresarias/os. Remito al resultado del cónclave con la Mesa de enlace que parece alejar la presión relativa al crecimiento de los aranceles, o al guiño para contener la demanda de actualización de ingresos salariales y previsionales.
El diálogo con centrales y sindicatos, por un lado, y con empresarios por el otro, pretende conciliar los intereses del capital y del trabajo para abordar a corto plazo un “acuerdo de precios y salarios” en la coyuntura. Será esa la base para un “pacto social” más amplio y duradero que apunte sobre cuestiones estructurales del proceso de producción y circulación para frenar la elevada inflación en el país, muy lejos de la que se presenta en la mayoría de los países. El verbo más usado por el ministro Guzmán apunta a “tranquilizar” la economía, lo que supone contener el conflicto que manifiesta el recurrente alza de los precios.
Salarios, precios, micro y macro
Preocupa la información sobre inflación por el impacto económico social, por la menor capacidad de compra de los ingresos de los asalariados, ya que en otro informe oficial[2], a diciembre del 2020, se señala que:
“El índice de salarios total registrado acumula, en los últimos 12 meses, un aumento de 31,6%, como consecuencia del incremento de 34,4% del sector privado registrado y un aumento del 26,8% del sector público.”
Ese 31,6% de actualización de los salarios registrados durante el 2020 es menor que la evolución en 36,1% de los precios para todo el año pasado. Más grave es el tema para trabajadoras y trabajadores del sector público, verificando el ajuste en el gasto público a costa de ingresos del personal estatal. La información amplia diciendo:
“El índice de salarios total mostró un crecimiento de 33,0% en los últimos 12 meses, como consecuencia de la suba del 31,6% del total registrado y de 39,0% del sector privado no registrado.”
Ese 33% sigue siendo menor que la evolución de los precios para todo el 2020 (36,1%) y se estira sobre el guarismo antes mencionado por el peso que adquieren los ingresos del sector privado no registrado.
Por su parte, dentro del 38,5% de crecimiento anualizado de la inflación, hay que notar un crecimiento de los precios de los alimentos en un 42,3%; de la vestimenta y el calzado del orden del 60,5% y de equipamiento del hogar del 43,6%. Por ende, los sectores que perciben ingresos fijos, los asalariados entre ellos, más propensos a gastar sus ingresos en alimentos y otros rubros de primera necesidad, ven achicar su capacidad de compra y satisfacción de necesidades. Incluso, más allá de los precios, la pérdida de derechos en educación o salud, crecientemente mercantilizados, deteriora la posibilidad de acceso a bienes y servicios para la familia trabajadora.
Aunque no se disparen los precios de la salud o la educación, al ser mercancías, configuran un precio que limita la capacidad de gasto de la familia trabajadora.
El precio de la fuerza de trabajo (salario) se actualiza por debajo del conjunto de los precios y especialmente de los alimentos. Pero, hablando de precios relativos, el tipo de cambio (el precio de las divisas) que interesa especialmente a exportadores se ajustó durante el 2020 por encima del índice general de precios. En efecto, si el dólar minorista cotizaba a 62,99 pesos al 30/12/2019, un año después, al 30/12/2020 cotizaba a 89,87 pesos, un 42,67% más. Los salarios y más aún, los ingresos populares pierden contra el promedio de los precios de la economía (36,1%) y contra la cotización del dólar (42,67%).
Durante enero del 2021, sin registro aun para la evolución salarial, la inflación anualizada señala un 38,5%, la evolución del dólar minorista entre fines de enero del 2020 y el mismo mes del 2021 alcanzó un 47,07% (de 62,99 a 92,70 pesos por dólar). Por lo tanto, en materia de precios relativos, el precio de la fuerza de trabajo pierde contra el promedio de los precios, especialmente contra alimentos y otros bienes y servicios de primera necesidad; y por supuesto, contra el dólar, un precio de referencia e importancia en el país, no solo para exportadores, sino para la especulación financiera.
Ese menor precio relativo de la fuerza de trabajo interviene en una distribución regresiva de los ingresos a favor de la ganancia, ya que el total de la renta nacional mide los ingresos de los propietarios de los medios de producción (ganancia y renta) y de quienes solo tienen para ofrecer al mercado su fuerza de trabajo (salario).
De ese modo, menores salarios significan mayores volúmenes de ganancias y rentas, categorías que están en la base de la puja distributiva. El tema se agrava con la recesión, ya que los perceptores de ganancia o renta no quieren resignar ingresos, siendo el único camino posible el achicamiento del precio de la fuerza de trabajo, la que se ubica por debajo del valor necesario para comprar la canasta necesaria para reponer esa fuerza laboral y la de la familia trabajadora.
Por ello, si se pretende definir las causas de la inflación, más que observar la evolución de los salarios e ingresos populares, hay que detenerse en rentas de la propiedad y ganancias del capital, aunque claro, este sería el mundo de la microeconomía, de las relaciones entre empresarias/os y trabajadoras/es, supuestamente inaccesible para la política estatal. Es una cuestión teórica en la que coincide la mayoría de los profesionales de la economía. Así, el capital identifica el problema inflacionario en el Estado, más precisamente en la política económica, o sea, a la macroeconomía. Es lo que les dijo, entre otras cuestiones Martín Guzmán a los empresarios en su reunión, que motivó el aplauso de los presentes. Fue el único ministro aplaudido, porque en el diagnóstico confirmaba el discurso empresario, endosando a la macroeconomía, o sea al Estado, la responsabilidad principal por la inflación.
Diálogos, consensos y disputas
El ministro insiste en que su objetivo es tranquilizar la economía y para eso necesita estabilizar la macroeconomía, con equilibrio fiscal en la tendencia enunciada de los próximos años (-4,5% para 2021) y equilibrio externo para recuperar reservas internacionales, necesarias para hacer frente a obligaciones con acreedores externos. Allí están las motivaciones para acordar con el FMI y poder acceder nuevamente al mercado mundial de crédito, tal como se intenta con todo el mecanismo de negociación de deuda, sea la nacional, las provinciales, e incluso como se vio en estos días con YPF. Todo es una cuestión de confianza.
La aludida “confianza” de los “mercados” es en definitiva una cuestión política en el capitalismo, que en el plano de la economía se dirime en la apropiación de la renta socialmente generada entre propietarios con intereses contrapuestos, los de los medios de producción y quienes solo tienen la capacidad de vender su fuerza de trabajo.
El imponderable de la política es que, si bien es lícita la búsqueda de consensos, lo es también la disputa por lo propio, que, de nuevo, es manifestación de la lucha de clases.
Buenos Aires, 12 de febrero de 2021
