¿Quién debe financiar al Estado?

 

El presidente de EEUU habilitó un debate sobre el financiamiento del Estado al presentar en el Congreso de su país el “Plan de Familias Estadounidenses”, con un costo de 1,8 billones de dólares.

La salud y la educación aparecen privilegiados en el discurso, tanto como la recuperación del empleo. Aunque vale señalar que todo se argumenta en función de retomar el liderazgo mundial, desafiado por China, por lo que importa el crecimiento económico, el restablecimiento del empleo y la capacidad de acción del Estado estadounidense.

Por ello, discutir el financiamiento estatal resulta estratégico, especialmente si se analizan los objetivos de cada Estado Nación.

Resulta de interés leer con detenimiento el discurso sobre el estado de la Nación ante el Congreso, a 100 días de su mandato, porque Biden explicita la crisis heredada, no solo por el COVID, y el problema que supone para EEUU la amenaza sobre el liderazgo internacional.

En ese marco es que pone en primer lugar la disputa del consenso interno de la población para intentar recomponer el imaginario colectivo que le permita a EEUU disputar la primacía mundial.

Por eso, existe un mensaje directo hacia China, pero también hacia Rusia, Irán o Corea y con ello, la justificación del gasto y el despliegue militar, tanto como el involucramiento del país en los debates contemporáneos, especialmente el cambio climático.

Si para Trump la consigna el “América Primero”, para Biden es “EEUU está de vuelta”. La pretensión imperial se desnuda con toda crudeza en el discurso presidencial ante el Congreso.

Todos esos propósitos requieren de financiamiento y no solo se trata de cheques para alimentos o alquiler, jardines maternales, escuelas, universidades o hospitales, sino para sustentar la hegemonía en el sistema mundial.

El interrogante es la fuente del financiamiento, y aun cuando es conocido el crecimiento de la emisión monetaria y de la deuda pública, Biden se concentró en el régimen tributario.

Señaló que “podemos hacerlo sin aumentar el déficit”, que no impondrá “ningún aumento de impuestos a las personas que ganan menos de 400.000 dólares. Pero es hora de que las empresas estadounidenses y el 1 % más acaudalado de los estadounidenses empiecen a pagar su parte justa. Sólo su parte justa.”[1]

Es una definición contundente en réplica al discurso y práctica de reducción de impuestos a los más ricos instaurado por la gestión republicana de Trump.

Al mismo tiempo denunció la elevada evasión impositiva del capital más concentrado, indicando que “Un estudio reciente muestra que 55 de las mayores corporaciones del país no pagaron impuestos federales el año pasado. Esas 55 corporaciones obtuvieron más de 40.000 millones de dólares de ganancias.”

El mensaje denuncia la evasión de impuestos en “paraísos fiscales en Suiza, Bermudas y las Islas Caimán”, obviando, claro está, los propios instalados en territorio estadounidense.

Desde esa argumentación sustentó la necesidad de “reformar el impuesto de sociedades para que paguen lo que les corresponde y ayuden a pagar las inversiones públicas”. Para ello se propone elevar la carga tributaria del “1 % de los estadounidenses más acaudalados, los que ganan más de 400.000 dólares o más, hasta donde estaba cuando George W. Bush era presidente, cuando empezó, el 39,6 %.”

Agregó que “sólo vamos a afectar a tres décimos del 1 % de todos los estadounidenses.”

Polemizó con el relato que enuncia que con la baja de impuestos a los más ricos se “generaría un gran crecimiento económico”, para luego enfatizar que ello desfinanció al Estado agravando el déficit fiscal y solo sirvió para “una enorme ganancia inesperada para las corporaciones estadounidenses y los que están en la cima.”

Ejemplificó sus dichos con la referencia de que “los directores ejecutivos ganan 320 veces lo que gana el trabajador medio de su empresa”, cuando antes estaba por debajo de 100. Señaló que “La pandemia sólo ha empeorado las cosas. 20 millones de estadounidenses perdieron su empleo” y en contrapartida “650 personas aumentaron su riqueza en más de 1 billón de dólares durante esta pandemia. Y ahora tienen más de 4 billones de dólares.”

Interesante escuchar de boca del titular del ejecutivo estadounidense que el gasto fiscal debe sustentarse con aportes de los más ricos. Es algo que debiera instalarse en el debate de los países con menor desarrollo relativo, remisos a gravar la renta del capital concentrado.

Es importante destacar que no se trata de resolver las inequidades del mundo actual, sino de sustentar las bases materiales y de conciencia social estadounidense para mantener la hegemonía y la dominación en el capitalismo contemporáneo.

Por eso, resulta de interés el reciente análisis de Michael Roberts[2], marxista británico, quien describe el aumento de la desigualdad, no solo de ingresos, sino que es aún mayor en términos de distribución de la riqueza.

Al respecto destaca que “El 1% más rico de los hogares estadounidenses ahora posee el 53% de todas las acciones y fondos mutuos en poder de los hogares estadounidenses. ¡El 10% más rico posee el 87%! La mitad de los hogares estadounidenses tienen poco o ningún activo financiero; de hecho, están endeudados. Y esa desigualdad ha ido en aumento en los últimos 30 años.”

Sostiene Michael Roberts que el tema se agrava en las naciones más pobres del mundo. Ejemplifica con Sudáfrica, en donde la situación empeoró desde el fin del régimen del apartheid. “Hoy en día, el 10% superior posee aproximadamente el 85% de la riqueza total y el 0,1% superior posee cerca de un tercio.”

Claro que el problema, dice Roberts, más que los impuestos a la renta o a la riqueza, la cuestión de fondo continúa siendo “la concentración de los medios de producción y las finanzas en manos de unos pocos” y concluye que “debido a que esa estructura de propiedad permanece intacta, cualquier aumento de los impuestos sobre la riqueza no llegará a cambiar irreversiblemente la distribución de la riqueza y la renta en las sociedades modernas.”

Como indicamos al comienzo, Biden habilita un debate sobre quién debe financiar al Estado, al tiempo que nos invita a discutir medidas de fondo para socializar la riqueza producida colectivamente por el trabajo social.

Buenos Aires, 4 de mayo de 2021