Una de cada tres personas es pobre en la Argentina

Por: Julio C. Gambina

Se considera pobre por ingreso a toda familia compuesto por matrimonio y dos hijos menores que no superen ingresos mensuales por 12.851 pesos.

El INDEC acaba de notificar que el 32,2% de las personas en Argentina son pobres, o que están por debajo de la línea de pobreza.[1] El valor está tomado de una medición sobre 31 aglomerados que representan una población de 27.200.000 personas.

Si tomamos entonces al conjunto de la población llegaríamos a superar las 13.500.000 personas, una de cada tres de la Argentina.

Para la línea de indigencia se computa un ingreso mensual de 4.930 pesos, con lo que un 6,3% de las personas se encuentran en la situación de indigencia, por lo que asumiendo la totalidad de la población suma unas 2.652.000 personal.

Más aún, el promedio de ingresos mensual de los pobres es de 8.051 pesos y por ende les falta aún un 37,4% para acceder al valor de la Canasta Básica Total (CBT) de 12.851 pesos al mes.

El promedio mensual de ingresos de los indigentes es de 2.975 pesos, a 39,7% de satisfacer la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de 4.930 pesos mensuales. El promedio de ingresos de indigentes y pobres está lejos de satisfacer las CBA y la CBT.

La pobreza e indigencia es cuento largo

Son datos que remiten a un problema estructural de la economía y la sociedad en la Argentina, que son consecuencia de la política actual, sí, pero remite al largo trayecto iniciado en 1975/76 y agravado en los años 90´ del siglo pasado.

La reestructuración regresiva del capitalismo local operada hace más de 40 años elevó sustancialmente el piso de la indigencia y la pobreza. El capitalismo resultante de la ofensiva de las transnacionales se descargó sobre el tercio más empobrecido, alentando un crecimiento de la desigualdad.

El fenómeno de la pobreza no es nuevo, y se agudizó con el tiempo. La extensión de planes sociales, acrecentada en los últimos años, unos 8.500.000 previstos por el Presupuesto 2017 dan cuenta de ello.

La pobreza es una condición agravada bajo la hegemonía de las políticas ortodoxas y neoliberales que inducen una reducción de los ingresos populares en beneficio de la renta del capital. El empobrecimiento supone una brutal transferencia de recursos desde muchos que se encuentran en la escala más baja de la pirámide de ingresos hacia los sectores más concentrados en la cúspide.

El máximo de pobreza por ingresos se registró en mayo del 2002 con 57% de la población debajo de la línea de la pobreza.

Con la recuperación económica desde mediados del 2002, el pico máximo comenzó a reducirse, pero lejos de los niveles históricos previos al rodrigazo (1975) y la política de la dictadura genocida desde 1976.

Desde mediados del 2013 no se difundieron desde el INDEC los datos de la pobreza y la indigencia, y los referidos entre 2007 y 2013 no eran confiables, al punto que el FMI sancionó a la Argentina por estadísticas no confiables.

El gobierno de Cristina Fernández acordó con el FMI una cooperación técnica para resolver una propuesta técnica y profesional sobre el sistema estadístico que debió ser evaluada durante el 2015 para levantar la sanción. Sin embargo el FMI prefirió esperar el resultado electoral y cambio de gobierno para expedirse al respecto y levantar la sanción.

No se ha expedido aún el Fondo y es probable que suceda luego de la reciente auditoria del FMI, que dejó trascender su acuerdo con las políticas en curso, pero llamó la atención sobre la necesidad del crecimiento económico y especialmente del consumo, como formas de atenuar la conflictividad social en curso.

La pobreza cero es un lema de campaña perpetua

Macri pide se juzgue su gestión desde la difusión de estos datos a junio a 2016, ocultando el agravamiento de la situación generada desde diciembre del 2015.

Es cierto que el problema viene de arrastre y la propia Universidad Católica registraba un nivel de pobreza del 29% para diciembre del 2015, pero el gobierno Macrí agravó la situación, con devaluación, cesantías y la disparada de precios contra ingresos populares, de trabajadores activos y pasivos e ingresos por planes sociales.

Puede ser que algún día termine la larga desaceleración de la economía, siempre que llovió paró, y exista cierta recuperación del nivel de actividad y del empleo, lo que no se vislumbra aún, y entonces el Presidente Macri podrá decir que es difícil bajar la pobreza y que no alcanza con un período de gestión y salga a disputar más PRO o CAMBIEMOS en el mediano y largo plazo.

El imaginario del gobierno y la prensa afín es que las inversiones externas resolverán el problema de la baja actividad económica, del empleo y de la pobreza, obviando la existencia de una gran crisis capitalista mundial que frena el comercio internacional y el volumen de las inversiones externas en todo el planeta.

No es solo un problema de Argentina, Brasil o del Sur del mundo, es algo que acontece en el capitalismo mundial. Por eso la solución buscada no es tanto lo que se pregona respecto del ingreso de capitales, sino el esfuerzo por lograr bajar el costo laboral y disciplinar al movimiento popular con la zanahoria de la pobreza cero y otras promesas del elenco gobernante y las clases dominantes.

La respuesta popular es creciente en la protesta y demanda de paro general, solo demorado por la CGT y sus las negociaciones con el Gobierno, donde parece se restringe las demandas a un bono de reparación a la diferencia entre precios e ingresos populares, salarios, jubilaciones y planes sociales.

El gobierno retoma su proposición de pacto social involucrando a la cúpula empresarial y a la CGT intentando llegar al fin del primer año de gestión y abordar un tiempo electoral de medio mandato con lo principal del ajuste realizado, hasta que puedan gestarse nuevas condiciones para forzar reformas laborales y renovadas reducciones de ingresos populares.

Para transitar el tiempo de dificultades, el gobierno Macri acude al endeudamiento público, presupuestado en 46.500 millones de dólares para el 2017. El stock actual de deuda asumido es de 245.505 millones de dólares a junio del 2016, un 55,5% del PBI, considerado bajo con relación a otros países y por ende con margen para acrecentar y sortear las dificultades económicas y políticas del presente y futuro mediato.

La incógnita es la capacidad de construir alternativa política, no solo al gobierno, sino al orden capitalista vigente. Claro que eso depende de la capacidad de organización social consciente para pensar en otra sociedad.

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2016

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