Crece el conflicto social ante la recesión y la inflación

Por Julio C. Gambina

Son variadas las protestas que recorren el país y anticipan una creciente conflictividad, motivadas en la continuidad del combo que aúna recesión con inflación.

Los pronósticos nos son buenos en materia de evolución del nivel de actividad[1], con proyecciones de una caída del 1,5% del PBI para todo el 2016.

La inflación proyectada para el año ronda el 40% con serios problemas en controlar la llamada inflación núcleo, que es la que mide los índices de precios al consumidor (IPC), excluyendo los productos y servicios cuyos valores dependen de una época del año, precios estacionalizados, o por motivos externos a la política monetaria, caso de problemas naturales o incidencia de fenómenos internacionales. Sirve para ver la tendencia en el mediano plazo, y en la Argentina, se desacelera la inflación a junio 2016, pero creciendo la inflación núcleo, o “core” inflación, con incidencia muy especial en los alimentos.[2]

Es verdad que también expresan dispersión y fragmentación de iniciativas, ausencia de coordinación que contribuiría a una mayor efectividad en los reclamos. El problema es político y está asociado a los diferentes diagnósticos sobre el presente y el pasado reciente, por lo que las propuestas generan diversidad de enfoques sobre el qué hacer.[3]

Respecto del presente supone una caracterización adecuada del gobierno Macri, que aun con la coincidencia sobre su funcionalidad al poder y a las clases dominantes, no termina de precisarse sus formas y tácticas para hacer posible sus objetivos por reinsertar a la Argentina y a la región en la lógica de la liberalización. No se trata solo de volver a los 90´ y a la lógica del menemismo y la Alianza como se pregona, sino que contacta con una lógica mundial de respuesta a la crisis mundial capitalista visibilizada en 2007/08 y que requiere una nueva ofensiva del capital sobre el trabajo, la naturaleza y la sociedad. Pero el presente requiere considerar las complicidades de la oposición con el macrismo, evidentes en el ámbito legislativo, que incluye a integrantes del kirchnerismo hasta el fin del mandato de Cristina Fernández. También es posible verificar esas complicidades con responsables de los ejecutivos provinciales y municipales, quienes convergen en la lógica del ajuste macrista.

La novedad de Macri en la política local alude a sus apoyaturas en los dos partidos tradicionales, el peronismo y el radicalismo y habilita a un debate sobre el futuro de ambas formaciones, sus reciclajes y adecuaciones, que incluye la disputa del consenso popular a las propuestas de la izquierda cultural, social y política. Atrás de ese proceso actúa la transnacionalización de la economía, con capitales externos que actúan en el país, tanto como capitales locales, los Macri por ejemplo, que actúan en el exterior. Si el blanqueo se generaliza identificará a los tenedores de activos en el exterior para verificar la transnacionalización de la burguesía local, un proceso de larga data que involucra a todos los turnos presidenciales desde la vigencia constitucional en 1983.

Pero el análisis del pasado también interesa, ya que parte de la protesta supone la reivindicación de las políticas recientes sin beneficio de inventario, que incluye a ese proceso de fuga de capitales y de transnacionalización de la economía, en el doble sentido de capitales foráneos que ingresan al circuito de la valorización en el país y de aquellos que surgidos en el país buscan valorización en el exterior. El pasado reciente supone pensar en Monsanto, Barrick o Chevron; pero también en la banca trasnacional asociada al problema del endeudamiento y las sucesivas renegociaciones y colocación de bonos del Estado que hipotecan el presente y el futuro. Es el problema de la unidad de acción, que articula proyectos políticos diferentes, algunos sin perspectiva anticapitalista, lo que exige junto a la unidad la disputa ideológica y política para ganar la conciencia social para cambios profundos, anticapitalistas, anticoloniales y antiimperialistas, contra el patriarcado, el racismo y la discriminación de todo tipo.

El conflicto

El tema de las tarifas de servicios públicos es el conflicto más visible, con cacerolazos y protestas crecientes y movilizaciones a la Corte Suprema de Justicia, ámbito en que pueda sustanciarse un criterio sobre los aumentos, que todos asumen como ineludible, sin pensar en otra lógica de abordaje que involucre el debate del modelo energético y el carácter de derecho a la energía para superar una concepción mercantil originada en los 90´ del siglo pasado con las privatizaciones.

Desde el gobierno se sostiene que existe un sentido común generalizado a favor del incremento de los precios de los servicios públicos y más temprano que tarde eso se manifestará como tarifa aceptada y a pagar por la sociedad, donde la tarifa social es un engaño que paga toda la sociedad en lugar de descargarse contra la rentabilidad de las empresas. El desafío pasa por superar el carácter mercantil de la producción de energía y concebir a ésta como un derecho, tal como sustentan la FeTERA[4] o el MORENO[5], entre otras organizaciones que luchan por la soberanía energética.

Otro aspecto que genera conflicto social por el impacto social del ajuste, la recesión y la inflación es el aumento de la pobreza. La respuesta se verá en estas horas en la movilización de San Cayetano a Plaza de Mayo, por Paz Pan, Trabajo, Techo y Tierra. La pobreza es un tema estructural en el país, que en cada ciclo de ajuste consolida nuevos pisos de extensión de la miseria. La pobreza incluye a la población empleada con bajos y precarios salarios, con mayorías de trabajadoras y trabajadores con ingresos por debajo de la canasta necesaria para satisfacer propias necesidades y de sus familias. Un dato elocuente es el 35% de trabajadores y trabajadoras en situación irregular, una tenencia universal que también se afirma en la Argentina. La ofensiva patronal y gubernamental francesa por la reforma laboral precarizadora constituye una nueva ronda de la ofensiva del capital contra el trabajo, para reducir el costo laboral y de producción a favor de la ganancia empresarial.

Aun en el ámbito del trabajo regular crece la conflictividad, no solo del sector estatal que esta semana, liderada por ATE, varias organizaciones de estatales manifiestan con paro nacional sus reclamos; sino que organizaciones del sector privado acrecientan sus protestas[6]. De hecho, las CGT en proceso de unificación realizaron un duro reclamo al gobierno y mandataron a la nueva conducción a ejercer medidas de fuerza, en actitud convergente con las CTA que vienen reclamando la necesidad de un paro nacional convocado en unidad de acción por las centrales sindicales. El antecedente es la fuerte movilización del paro del 29/4 que puso en evidencia la potencialidad de la protesta sindical, o el rechazo al veto presidencial motorizado por las CTA el 2/6 pasado.

De hecho, el paro nacional crece en el reclamo extendido de asambleas y corrientes diversas del movimiento obrero, sin acuerdo aún entre las centrales para unificar la acción y reiterar la experiencia en vísperas del 1 de mayo. Es una demanda que necesita ser potenciada en la perspectiva de construir el paro nacional[7] necesario que haga visible en la lucha política la existencia de una alternativa a disputar desde los trabajadores, más allá de las mediaciones que ella implica con las dirigencias burocráticas de la mayoría del sindicalismo local[8].

La respuesta gubernamental ante el conflicto es diversa e incluye la represión (aun cuando el protocolo de seguridad no pudo ser aplicado en su extensión), la negociación y la dádiva, caso reciente de la devolución de fondos por obras sociales a las organizaciones sindicales. Un tema con varias aristas, ya que se trata de 30.000 millones acumulados en tiempo reciente y que fueran retenidos en el Banco de la Nación Argentina, que ahora retornan sin actualización, pese a la inflación. Pero no vuelven esos recursos en totalidad a las obras sociales sindicales, ya que solo reciben 2.700 millones y el resto en bonos y recursos aplicados a los hospitales y a una cobertura de salud a instrumentar. No es un dato menor que el anuncio de la medida se hiciera junto a los gobernadores que suscribieron un nuevo pacto fiscal que subordina a las provincias a los dictados de La Nación y todos asumen el destino de resolver problemas con endeudamiento público que se descarga sobre el conjunto de la sociedad.

El origen del conflicto

El impacto de la política oficial es la razón de las protestas. Es la recesión y la inflación la que golpea y mueve a la protesta.

La respuesta gubernamental se reitera en la expectativa de ingresos de divisas que no llegan en tiempo y en cantidades suficientes para relanzar el ciclo de inversión, empleo y activación del mercado interno y por ende acude al endeudamiento externo e interno, sea desde el BCRA o desde el propio ministerio de Economía y ahora, apuesta al blanqueo (exteriorización de activos en el exterior).

Con el blanqueo tendrán cierto alivio fiscal, por los impuestos y penalidades obtenidas por quienes exterioricen activos externos; y además algunas divisas que puedan ingresar para suplir la inversión externa que no termina de llegar al país. Alimentan con el blanqueo el festival de bonos públicos dolarizados, para canjear billetes estadounidenses por títulos públicos de largo vencimiento, mientras el Estado se apropia y dispone de esos recursos contantes y sonantes para suplir sus falencias, licuar los problemas fiscales y utilizar fondos para la disputa del consenso en la perspectiva del año electoral en ciernes.

La contra cara del blanqueo es la reparación histórica con los jubilados, cuando estos visibilizan la burla que se les propone para compensar las demandas de ingresos previsionales mal liquidados. En efecto, la diferencia entre lo que hoy perciben y lo que ingresarían es mínimo con relación a lo que correspondería si el juicio de reparación llegara hasta el final y según el antecedente de las sentencias en firme. Toda una estafa asociada a un chantaje hacia personas sin mucha expectativa de vida por su longevidad y que en muchos casos optaran por ese mínimo de más ingresos, que por seguir peleando en una Justicia que puede fallar a favor del beneficiario cuando ya sea una cuestión abstracta.

El incremento de los precios es otra de las razones del creciente conflicto y el propio titular del INDEC señala que lo más difícil de controlar son los precios de los alimentos. Estos son bienes indispensables para la reproducción de la vida cotidiana y lo último que dejan de consumir los sectores más empobrecidos. La inflación es un saqueo perpetrado contra la mayoría social de menores ingresos.

La lógica del capital es la ganancia, y el capital es una relación social entre capitalistas y trabajadores, que implica contradicciones de intereses, entre los ingresos de unos y de otros y allí actúa también la inflación; pero también el capital es una relación entre capitalistas, lo que también supone una forma de apropiación de ingresos en la competencia entre ellos, mediante la transferencia de ingresos desde los capitales de menor envergadura a otros de mayor composición orgánica (tecnología, maquinaria, materiales, infraestructura, etc.). Es la dominación monopolista en tiempos de transnacionalización.

Por eso los precios son una forma de distribución de la riqueza socialmente generada y la crisis argentina se manifiesta en las formas de apropiación, con la inflación como uno de sus históricos mecanismos de redistribución regresiva del ingreso y la riqueza.

El conflicto crece por razones objetivas y subjetivas, pero debemos reconocer, que las clases dominantes y el oficialismo trabajan sobre la subjetividad social para obtener consenso a las políticas antipopulares. Por eso hay voces que señalan que hay que darle tiempo al gobierno, que recién empieza, como otros que desde lo posible señalan que cierto ajuste era imprescindible y que aún ganando Scioli hubiese hecho algo parecido, más amortiguado en el tiempo. También existen los que demandan el retorno a la hegemonía de los gobiernos kirchneristas, sin ninguna crítica sobre los límites y el alcance del proyecto esgrimido en esos años.

Constituye un desafío construir nuevas subjetividades para un cambio profundo. Es una cuestión de práctica y de pensamiento. En este sentido, la demanda es por actualizar el pensamiento crítico y alentar formas de ejercicio de la cotidianeidad que pongan en cuestión la realidad de la cultura de la enajenación, la opresión y la explotación, en una búsqueda por un nuevo orden social.

Buenos Aires, 6 de agosto de 2016

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